Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Corte Constitucional admitió una demanda contra la Ley 2281 de 2023, por medio de la cual se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, promovido por la vicepresidenta Francia Márquez, actual titular de esa cartera.

La demanda fue presentada por la congresista Paloma Valencia, quien argumentó que con su creación se desconoció el impacto fiscal que generaba.

Además, alegó vicios de trámite porque presuntamente no se cumplió con el quórum necesario en la Comisión Primera del Senado para que se aprobara en la primera discusión.

La demanda también señala que las facultades extraordinarias al presidente de la República, Gustavo Petro, “son reprochables”.

De acuerdo con la demandante, “ni el informe de ponencia para primer debate ni el articulado podían ser aprobados mediante votación ordinaria, sino que se requería de votación nominal”.

Los argumentos de la demanda son los siguientes: “Solo a través de esta (votación nominal) era posible certificar que la votación cumplió con la mayoría absoluta exigida para su aprobación”.

La oposición había anunciado que se retiraría del recinto al momento de votar el proyecto, razón por la cual era necesario realizar el llamado a lista nominal para verificar si se contaba con el quórum decisorio necesario para aprobar la iniciativa.